Hacia la revolución de los vouchers
Por Alejandro Sala
La puesta en
marcha del sistema de vouchers
educativos es extremadamente difícil porque se trata de una iniciativa que
choca con una fuerte oposición derivada, principalmente, de que está muy
extendida una ideología que considera a la educación prestada por el estado
como un principio no negociable. Suele decirse que la educación es una “función
indelegable” del estado. No se explica por qué deba ser así, aunque se presume
sobreentendido que esa es la garantía de que nadie dejará de recibir la
educación necesaria para poder integrarse apropiadamente a la sociedad.
Este preconcepto
explica en buena medida la oposición a los vouchers
educativos. Por supuesto que es un razonamiento falso porque si los vouchers estuvieran al alcance de todos
los alumnos, nadie dejaría de recibir la educación que le corresponda. Pero,
aunque sea un error analítico, lo cierto es que esa ideología tiene efecto
operativo y dificulta la puesta en marcha de un sistema de vouchers. Nuestro problema, en consecuencia, es cómo actuar con el
propósito de neutralizar esa oposición. Necesitamos elaborar una estrategia, un
plan de acción, una metodología apta para gestionar la dificultad.
Es necesario
asumir que la ejecución de un plan para implementar un programa de vouchers constituye un problema de
enorme magnitud y complejidad. Entre muchas otras cuestiones, hay que asumir
que habrá que resolver en primer término el alcance inicial del programa porque
resulta inverosímil que se pueda instrumentar de manera inmediata en todo el
sistema educativo. Cualquier plan de reforma debe contemplar la situación
actual tal como es y operar a partir de ella, para promover un proceso de
cambio que, por la dimensión del proyecto, no puede sino avanzar de manera
gradual.
Un buen criterio
para comenzar a avanzar en la ejecución de la transición hacia un sistema de vouchers sería, en el primer año,
determinar un número limitado de cupos, que serían asignados a quienes deseen
aprovecharlos para que se inscriban en escuelas que elijan acoger a esos
alumnos. Esto significa que, en el comienzo, el sistema de vouchers debería ser optativo tanto para los alumnos como para las
escuelas. Cabe presumir que, si el cupo inicial es limitado pero ofrece la
oportunidad de que los alumnos pasen de escuelas estatales a privadas, habrá
más demanda que disponibilidad. Para evitar susceptibilidades que puedan dar
lugar a que aparezcan acusaciones de favoritismo, la asignación debería ser por
riguroso sorteo. Algunos tendrán la suerte de recibir un voucher y otros deberán seguir en las escuelas estatales. A los
efectos de generar financiación para los vouchers
sin incrementar el gasto total, probablemente sea necesario cerrar algunas
escuelas estatales y reubicar a los alumnos en las vacantes que queden
disponibles por el pase de los beneficiarios de los vouchers a escuelas privadas.
Si esta primera
experiencia resultara exitosa, cabría ampliarla al año siguiente y en la medida
en que el proceso avance, seguramente cada vez más padres y más escuelas
privadas solicitarían acogerse al sistema de vouchers, de modo que la escolaridad privada iría gradualmente
suplantando a la estatal. El estado no dejaría de asistir a quienes necesiten
apoyo económico para financiar la educación de los niños pero probablemente lo
haría a menor costo porque el gasto por alumno sería menor en un sistema de vouchers que en el elefantiásico y
burocratizado sistema estatal actualmente vigente. En ningún caso la aceptación
del sistema de vouchers debería ser
obligatoria pero la magnitud del sistema estatal seguramente se reduciría mucho
porque es imaginable que un muy amplio porcentaje de padres preferirán que sus
hijos concurran a escuelas privadas antes que estatales.
La aplicación de
esta estrategia donde el gradualismo se combina con la opcionalidad tendrá,
presumiblemente, el efecto de que debilitará mucho la posición de los
adversarios ideológicos del sistema de vouchers
porque se hace muy difícil oponerse a que la gente que no puede pagar una
escuela privada encuentre la oportunidad de ingresar en ella, siempre que lo
desee. Es esencial que -al menos, al principio- la adhesión al sistema de vouchers sea optativa para que nadie
pueda afirmar que se está privatizando compulsivamente la educación. Nadie debe
estar obligado a salir de la escuela estatal. Quien lo haga, será por su propia
voluntad. De ese modo, los argumentos de los defensores a ultranza de la
educación estatal quedarán neutralizados.
La conversión del
actual sistema educativo estatal a un programa de vouchers con eje en la escolaridad privada sería un cambio tan
revolucionario que resulta previsible que despierte recelos, oposiciones,
críticas y objeciones. Es entendible que así sea. No se trata solo de un cambio
de método de financiación, sino que implica, mucho más allá de eso, un
replanteo de la relación de toda la sociedad con el sistema educativo. No
involucra solamente un problema técnico, burocrático o financiero. Hay
profundos contenidos emocionales involucrados. Si aspiramos a que los vouchers prosperen, debemos comprender y
hacernos cargo de esa variable, que es seguramente la más importante y, por sí
sola, exigirá la elaboración de un plan específico para resolver ese aspecto de
la cuestión. Pero ese es un tema que excede el alcance estas líneas y debería
ser abordado en otro texto.
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