lunes, 19 de octubre de 2026

LIBRE INMIGRACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL: UN GRAVE PROBLEMA HOY EN OCCIDENTE

 Publicado originalmente en https://www.estoeshache.com/inmigracion-derecho-individual-decision-comunidad/ , Abril 2026.

 

El derecho a la libre inmigración y emigración (a nivel ético, deontológico) nunca había sido un problema en el liberalismo clásico. Al menos, no en Mises, quien, creemos, sintetiza toda una tradición al respecto[1].

El liberalismo nunca había planteado las libertades individuales como fruto de una nacionalidad. Las libertades individuales se plantearon, no sólo como el resultado de la evolución del common law (Hayek)[2] sino como un ideal de igualdad basado en un respeto al individuo en cuanto tal: all men are created equal…. Y ello, a su vez, como fruto de un largo proceso de maduración en la noción de persona, que fue originada en el Judeo-Cristianismo[3].

Por ende, la libre movilidad de capitales y de personas formó parte de un ideal, a veces tácito e implícito, practicado en cierta medida entre EEUU y Europa al menos hasta la Primera Guerra, e incluso formó parte de países latinoamericanos como la Argentina. La unidad “nacional” era más bien la adhesión a un pacto constitucional originario, en el que la noción de “ciudadanía” pasaba por la aceptación de una Constitución (liberal) más que por la adhesión a una unidad cultural marcada por razas o lenguajes.

En Mises, la distinción entre Nación y Estado[4] permitía claramente cumplir con ese ideal. Mises llegó a proponer una unidad plurinacional en Nation, State and Economy[5]. Horrorizado por las consecuencias de la primera guerra, e intentado prevenir lo que se venía, quiso volver a integrar al otrora Imperio Austro-Húngaro bajo un mismo Estado bajo diversas naciones. “Estado” es, en Mises, el aparato social de compulsión y coerción (Weber); “Nación”, en cambio, es una unidad cultural pasada por el lenguaje (adelantándose notablemente a Wittgenstein con ello). Por ende un Estado podía reducirse a ser una unidad administrativa en la cual podían convivir diversas naciones, donde los derechos a la libertad religiosa, libertad de enseñanza, libre asociación y libertad lingüística eran esenciales.

Como podemos ver, a nadie se le ocurría, en esta tradición, que la inmigración tuviera algún problema con las libertades individuales. Un inmigrante era siempre un activo; alguien que llegaba y tenía todos los incentivos para ponerse a trabajar en pie de igualdad, respetando los derechos de todos, porque, además, nadie le aseguraba ningún tipo de seguro social. Así sucedió en EEUU y Argentina por lo menos hasta principios del s. XX.

Está de más decir lo que cambió el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de los sistemas de seguridad social estatales, el mundo bipolar del 45 hasta el 91 aseguró cierta libertad de movimientos, al menos dentro del llamado “mundo libre”.

Desde 1991 en adelante, algunos comienzan a ver una etapa de “globalización” más intensa que la anterior. Pero si vamos a estar atentos a las características del intervencionismo descripto por Mises[6], se trató más bien de la globalización del intervencionismo. Más que capitalismo global, fue un intervencionismo global, caracterizado por un crony capitalism y por controles cada vez más estrictos por parte de todos los organismos internacionales de las Naciones Unidas.

Pero a ello sumemos algo inédito hasta entonces: lo que podríamos llamar noción post-moderna de la inmigración.

Una inmigración en la que los migrantes ya no son individuos, sino grupos colectivos que demandan no solo toda la protección social de los Estados Providencia, sino también ser reconocidos en una identidad cultural que no tiene por qué respetar ciertas libertades individuales ajenas a su propia identidad.

Eso es totalmente diferente de la inmigración liberal. En el liberalismo, el migrante es un individuo entre individuos, con los mismos derechos que los demás, y debe respetar los derechos de todos. Pero no porque haya hecho un “curso”, sino porque absorbía un horizonte de precomprensión “liberal” que se fue perdiendo paulatinamente y hoy podríamos dar por perdido con el post-modernismo cultural y la cultura woke.

Esta noción post-moderna de inmigración, alentada por los partidos europeos de izquierda y por el Partido Demócrata norteamericano, ha quebrado el pacto constitucional liberal clásico otrora predominante, que permitía convivir bajo un mismo ideal (liberal) a personas de las más diversas razas, religiones y lenguajes.

Las reacciones ante todo esto han sido de dos tipos. Una, nacionalista, otra, libertaria.

La nacionalista opone una identidad nacional determinada a ese tipo de inmigración y al intervencionismo de las Naciones Unidas. Es la ideología dominante de casi todas las reacciones políticas de derecha en Europa y en cierta medida en el movimiento MAGA en los EEUU.

La reacción libertaria, en cambio, vuelve a levantar la bandera de las hoy casi olvidadas libertades individuales clásicas ante el intervencionismo de la ONU. No, no es en nombre de una nación que los grupos colectivos no pueden entrar y hacer lo que quieran; no es en nombre de una nación que habría que oponerse a la mayor parte de los tratados de la ONU (la agenda 2030) sino en nombre de libertades individuales que hoy ya casi no tienen sentido en las nuevas constituciones “sociales”. El sujeto del pacto constitucional, en los liberales clásicos o libertarios (dejando de lado el debate con el anarco-capitalismo) es el individuo, que es a su vez el sujeto de las libertades. Lejos de ser esto una cultura “individualista”, es un ideal que puede dar origen a profundos lazos de cooperación, como ya advirtió Tocqueville en su clásico “Democracia en América”[7]. El ideal libertario pasa por esas libertades. No derecho a la información, sino libertad de expresión; no derecho a la educación, sino libertad de enseñanza; no derecho a la salud, sino derecho de libre asociación, derechos y libertades negativos que paradójicamente dieron y darán origen a mejores sistemas de salud, educación y comunicación, en contraposición a Estados-Providencia intrínsecamente ineficientes y deficitarios.

Por supuesto, esto deja hoy a los libertarios de todo el mundo en una difícil situación de alianzas provisorias, en lo político, con los movimientos nacionalistas de derecha.  Qué deben hacer, con quiénes deben aliarse en el sistema político o, al contrario, permanecer aislados (como por ejemplo la mayor parte de libertarios pertenecientes al LewRockwell Institute de EEUU) es algo que nadie puede decir a priori. Y qué hacer si llegaran a formar parte de algún gobierno, tampoco se puede proponer de modo universal. Por supuesto que no podrían consentir con ciertas políticas nacionalistas de cierre de fronteras. Pero en las circunstancias actuales, pedir un visado a personas provenientes de ciertos territorios, no parece ser un absurdo.

Sin embargo, qué hacer hoy mismo, en la Europa de hoy y en EE. UU., es algo en lo cual un libertario se siente particularmente perplejo.

Tal vez el retroceso cultural e institucional ya no tenga solución, excepto algún tipo de liderazgo que, evidentemente, brilla  por su ausencia.



[1] Mises, L. von: Liberalismo (1927); Unión Editorial, Madrid, 1927.

[2] Hayek, F. A. von: Los fundamentos de la Libertad; Unión Editorial, Madrid, 1960.

[3] Zanotti, G.: Judeo-Cristianismo, Civilización Occidental y Libertad; Instituto Acton, Buenos Aires, 2018.

[4] Mises, L. von: Liberalismo, opc.it.

[5] Institute For Humane Studies, 1983.

[6] Mises, L. von: Human Action, Henry Regnery, 1966.

[7] Alianza, Madrid, 1980. 

domingo, 18 de octubre de 2026

LA PROPUESTA DE ALEJANDRO SALA SOBRE LOS VOUCHERS

 Hacia la revolución de los vouchers

Por Alejandro Sala

 

La puesta en marcha del sistema de vouchers educativos es extremadamente difícil porque se trata de una iniciativa que choca con una fuerte oposición derivada, principalmente, de que está muy extendida una ideología que considera a la educación prestada por el estado como un principio no negociable. Suele decirse que la educación es una “función indelegable” del estado. No se explica por qué deba ser así, aunque se presume sobreentendido que esa es la garantía de que nadie dejará de recibir la educación necesaria para poder integrarse apropiadamente a la sociedad.

 

Este preconcepto explica en buena medida la oposición a los vouchers educativos. Por supuesto que es un razonamiento falso porque si los vouchers estuvieran al alcance de todos los alumnos, nadie dejaría de recibir la educación que le corresponda. Pero, aunque sea un error analítico, lo cierto es que esa ideología tiene efecto operativo y dificulta la puesta en marcha de un sistema de vouchers. Nuestro problema, en consecuencia, es cómo actuar con el propósito de neutralizar esa oposición. Necesitamos elaborar una estrategia, un plan de acción, una metodología apta para gestionar la dificultad.

 

Es necesario asumir que la ejecución de un plan para implementar un programa de vouchers constituye un problema de enorme magnitud y complejidad. Entre muchas otras cuestiones, hay que asumir que habrá que resolver en primer término el alcance inicial del programa porque resulta inverosímil que se pueda instrumentar de manera inmediata en todo el sistema educativo. Cualquier plan de reforma debe contemplar la situación actual tal como es y operar a partir de ella, para promover un proceso de cambio que, por la dimensión del proyecto, no puede sino avanzar de manera gradual.

 

Un buen criterio para comenzar a avanzar en la ejecución de la transición hacia un sistema de vouchers sería, en el primer año, determinar un número limitado de cupos, que serían asignados a quienes deseen aprovecharlos para que se inscriban en escuelas que elijan acoger a esos alumnos. Esto significa que, en el comienzo, el sistema de vouchers debería ser optativo tanto para los alumnos como para las escuelas. Cabe presumir que, si el cupo inicial es limitado pero ofrece la oportunidad de que los alumnos pasen de escuelas estatales a privadas, habrá más demanda que disponibilidad. Para evitar susceptibilidades que puedan dar lugar a que aparezcan acusaciones de favoritismo, la asignación debería ser por riguroso sorteo. Algunos tendrán la suerte de recibir un voucher y otros deberán seguir en las escuelas estatales. A los efectos de generar financiación para los vouchers sin incrementar el gasto total, probablemente sea necesario cerrar algunas escuelas estatales y reubicar a los alumnos en las vacantes que queden disponibles por el pase de los beneficiarios de los vouchers a escuelas privadas.

 

Si esta primera experiencia resultara exitosa, cabría ampliarla al año siguiente y en la medida en que el proceso avance, seguramente cada vez más padres y más escuelas privadas solicitarían acogerse al sistema de vouchers, de modo que la escolaridad privada iría gradualmente suplantando a la estatal. El estado no dejaría de asistir a quienes necesiten apoyo económico para financiar la educación de los niños pero probablemente lo haría a menor costo porque el gasto por alumno sería menor en un sistema de vouchers que en el elefantiásico y burocratizado sistema estatal actualmente vigente. En ningún caso la aceptación del sistema de vouchers debería ser obligatoria pero la magnitud del sistema estatal seguramente se reduciría mucho porque es imaginable que un muy amplio porcentaje de padres preferirán que sus hijos concurran a escuelas privadas antes que estatales.

 

La aplicación de esta estrategia donde el gradualismo se combina con la opcionalidad tendrá, presumiblemente, el efecto de que debilitará mucho la posición de los adversarios ideológicos del sistema de vouchers porque se hace muy difícil oponerse a que la gente que no puede pagar una escuela privada encuentre la oportunidad de ingresar en ella, siempre que lo desee. Es esencial que -al menos, al principio- la adhesión al sistema de vouchers sea optativa para que nadie pueda afirmar que se está privatizando compulsivamente la educación. Nadie debe estar obligado a salir de la escuela estatal. Quien lo haga, será por su propia voluntad. De ese modo, los argumentos de los defensores a ultranza de la educación estatal quedarán neutralizados.

 

La conversión del actual sistema educativo estatal a un programa de vouchers con eje en la escolaridad privada sería un cambio tan revolucionario que resulta previsible que despierte recelos, oposiciones, críticas y objeciones. Es entendible que así sea. No se trata solo de un cambio de método de financiación, sino que implica, mucho más allá de eso, un replanteo de la relación de toda la sociedad con el sistema educativo. No involucra solamente un problema técnico, burocrático o financiero. Hay profundos contenidos emocionales involucrados. Si aspiramos a que los vouchers prosperen, debemos comprender y hacernos cargo de esa variable, que es seguramente la más importante y, por sí sola, exigirá la elaboración de un plan específico para resolver ese aspecto de la cuestión. Pero ese es un tema que excede el alcance estas líneas y debería ser abordado en otro texto.