Golazo al relato
por Enrique Guillermo Avogadro (Nota N° 906)
“Quien controla el
pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado”.
George Orwell
El acto de recordación de las
víctimas del terrorismo que realizó el lunes la candidata a Vicepresidente por
La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, en la Legislatura porteña fue lo más
destacado de la semana y constituyó un golpe demoledor para el edificio de
silencio y tergiversación de la historia que construyó el kirchnerismo. Durante
veinte años ininterrumpidos –el gobierno de Mauricio Macri nada hizo para
evitarlo- se instiló en la juventud un falso relato de lo que sucedió en la
Argentina y se le inculcó la inventada cifra de 30.000 desaparecidos. Se le
hizo creer que nada había pasado aquí antes del 24 de marzo de 1976, cuando
unos militares dementes, bajados de un plato volador, salieron a matar a
jóvenes idealistas que, en lugar de armamento de guerra y una estructura
militar semejante a la del Ejército, portaban flores, cantaban canciones de paz
y amor y hacían turismo estudiantil a Cuba, Vietnam, Argelia, Libia y Líbano.
Así, se exculpó a las organizaciones
terroristas de los miles de atentados con bombas, los asesinatos de cientos de
compatriotas (civiles, niños, policías, empresarios, militares, sacerdotes,
dirigentes gremiales, etc.), los ataques a unidades de las fuerzas armadas y
comisarías, los robos a bancos, los secuestros extorsivos, etc., que cometieron
inclusive durante el gobierno democrático del Gral. Juan D. Perón y su viuda,
elegidos por más del 60% de los votos. Simétricamente, también se “olvidaron”
los atroces crímenes cometidos por la Triple A, esa organización paramilitar
creada, armada y financiada desde el poder para combatir en las calles y matar
a los “zurdos”, enemigos de la derecha peronista.
Quienes nacieron desde esos años
violentos no saben que el ERP se lanzó a una guerra de guerrillas a imitación
de Cuba, con la pretensión de transformar a la Provincia de Tucumán en un
Estado beligerante en 1975, y que fue el Gobierno nacional, en democracia,
quien ordenó al Ejército actuar para aniquilarlo. Pero, sobre todo, se borró de
la historia, de un plumazo, el enorme apoyo civil, incluyendo al mismo PJ y a
los sindicatos, que tuvo el golpe militar que encabezó el Tte. Gral. Jorge R.
Videla.
Durante el gobierno de Raúl Alfonsín
se llevó a juicio a las miembros de las juntas del Proceso (1976/1983) y se los
condenó; los jueces dijeron, en su sentencia, que habían combatido en una
guerra. Contemporáneamente, fueron encarcelados varios jefes guerrilleros,
tales como Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja y Enrique Gorriarán Merlo. En
el mismo período, fueron sancionadas las leyes “de obediencia debida”
(exculpaba a los subordinados y responsabilizaba a los jefes superiores) y “de
punto final” (puso un límite temporal a la formulación de denuncias contra los
militares). Los terroristas volvieron a las andadas en enero de 1989, cuando
coparon el Regimiento Mecanizado 3, en La Tablada, con un enorme saldo de
muertos; quien comandó la recuperación del cuartel, el Gral Alfredo Arrillaga,
fue juzgado y condenado por “lesa humanidad”, mientras que a los atacantes se
les conmutaron las penas. Más tarde, el Presidente Carlos Menem indultó a todos
ellos, militares y terroristas, en su afán por pacificar al país..
Pero llegó don Néstor a la Casa
Rosada y, por el pacto que firmó con Horacio Perro Verbitsky, se garantizó el
apoyo de los organismos de derechos humanos (tuertos); así se dotó de unos
fueros simbólicos que le permitieron saquear con impunidad el país. El nuevo
Presidente hizo arrodillar al Congreso y éste derogó las leyes mencionadas y,
de tal modo, se reinició la persecución a quienes habían derrotado al
terrorismo. La Corte Suprema, por boca de Ricardo Lorenzetti, informó sin
vergüenza que esa política era un tema ¡consensuado entre los tres poderes del
Estado!
A partir de entonces, se abrieron dos
caminos paralelos. Por un lado, se mandó a la cárcel, mediante juicios amañados
encabezados por verdaderos asesinos togados, con testigos falsos que confiesan
haber construido una “memoria colectiva” y en los que se ignoran todas las
pruebas de inocencia, a cerca de tres mil ancianos (algunos llegan a los 100
años), muchos (805) ya muertos en cautiverio y con prisiones preventivas que
superan, en promedio, los 9 años (el máximo legal es de 3 años, y sólo para los
casos en que pueden ponerse en riesgo la investigación o exista peligro de
fuga). Por otro, se organizó una gigantesca defraudación al Estado bajo la
forma de monumentales indemnizaciones (superan los US$ 4.000 millones) a quienes
dicen haber sufrido cárcel, torturas o exilio, algo que ha sido denunciado,
infructuosamente, por José D’Angelo y Luis Gasulla en varios libros.
Villarruel pretende, además del
reconocimiento y la reparación a las víctimas de la guerrilla, como hizo Uruguay
(siempre un ejemplo), que esos crímenes también sean considerados de “lesa
humanidad” y, consecuentemente, imprescriptibles. Y tiene razón porque, contra
lo que aúllan las Madres, las Abuelas y los Hijos de los subversivos y más allá
de la negativa de la Juez Romilda Servini de Cubría a aceptarlo así, el Pacto
de Roma (2004), aplicado con retroactividad a los militares, define como tales,
no sólo al terrorismo de Estado, sino a aquéllos delitos cometidos por
organizaciones armadas, financiadas e instruidas por Estados extranjeros, como
fue el caso de Montoneros y ERP en nuestro país.
El riesgo de un cambio en el criterio
de los jueces, siempre atentos a los nuevos vientos que llegan desde la
política, para tantos terroristas que, décadas después, siguen actuando y aún
pretenden destruir a la Argentina con reivindicaciones de falsos derechos
mapuches, y que amenazan con reaccionar con violencia en las calles si la
oposición triunfa, es la verdadera razón de la virulenta reacción que se vió y
oyó en los medios kirchneristas.
Bs.As., 9 Sep 23
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
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Excelente!!!
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