METER BALA NO. METER ESTADO DE DERECHO, SI.

 Se ha hablado mucho en estos días del caso del policía que mató al delincuente que se había robado su moto. Cuando el delincuente se estaba yendo con lo robado, le pegó un tipo por la espalda, cuando claramente la vida del policía no corría peligro.

El derecho a la legítima defensa no es una excepción al precepto de no asesinar. Al contrario, se basa en la doctrina del voluntario indirecto de Santo Tomás, aceptada incluso por no creyentes. La teoría en cuestión afirma que se puede hacer todo lo posible para evitar la propia muerte sin la intención directa de causar la muerte al agresor. Si como consecuencia indirecta, no intentada, se produce la muerte del agresor, entonces el que se defiende no ha buscado directamente su muerte. Ha buscado defender su vida, y como consecuencia inevitable, la vida del agresor se perdió.

Por eso existe la figura de “exceso” en la legítima defensa: por si el atacado buscara directamente la muerte del agresor de manera desproporcionada, esto es, matándolo sin que ello guardara proporción con el mantenimiento de la propia vida.

Esto no quiere decir que un juez no pueda eximir al que se haya defendido por emoción violenta, o por no haber podido mantener su racionalidad en ese momento de peligro. Pero una cosa es eximir de pena y otra cosa es que el delito no exista. El exceso en la legítima defensa es delito.

Mucho más, cuando se trata de agentes del orden público instruidos profesionalmente para ejercer su oficio, a diferencia del ciudadano común. Esas personas tienen ciertas obligaciones profesionales que son un agravante a su exceso a la legítima defensa.

Que este punto no lo logren entender conservadores de tendencia autoritaria, es comprensible, pero que a esto se sumen sectores liberales es preocupante. El derecho penal liberal ha sido uno de los principales avances de los valores de la Civilización Occidental. Ha impedido la guerra de todos contra todos y ha colocado la defensa del derecho a la vida en la racionalidad de un Estado de Derecho cuya custodia corresponde al Poder Judicial.

“Meter bala al delincuente”, como un lema de campaña, puede ser como mucho un comprensible intento desesperado ante una justicia y policías ineficientes, o un exceso de garantismo, o la corrupción del Poder Judicial, pero la solución no pasa porque las fuerzas uniformadas ejerzan discrecionalmente la pena de muerte. Un liberal lo debería saber. El liberalismo clásico no es solamente economía de mercado. Es ante todo el Estado de Derecho liberal clásico.

Los problemas de inseguridad se resuelven con la profesionalización y mejores salarios de las fuerzas policiales, al mismo tiempo que modificando códigos penales garantistas y luchando contra la corrupción de poder judicial.

Pero la justicia por propia mano, ya sea del ciudadano corriente o del policía, no es más que una triste derrota de una sociedad cuyo Estado elefantiásico ha derivado en un Estado inexistente en lo que sí le corresponde.